Breve historia de la Argentina (19 page)

En esas condiciones, la conspiración militar adquirió nuevo vuelo bajo la dirección del general Eduardo Lonardi y estalló en Córdoba el 16 de septiembre. Hubo allí acciones violentas, pero la sublevación general de la marina, que concentró sus barcos en el Río de la Plata y amenazó con bombardear la Capital, enfrió el escaso entusiasmo de los jefes aún adictos a Perón. Pocos días después el presidente entregó su renuncia y Lonardi se hizo cargo del poder.

Subrepticiamente, Perón se refugió en la embajada del Paraguay y poco después se embarcó en una cañonera que lo llevó a Asunción. De la férrea organización que lo había sostenido no quedaron sino vagos vestigios incapaces de resistir. De la obra que había emprendido para asegurar la «justicia social» no subsistió sino el melancólico recuerdo de los anuales aumentos de jornales que ilusionaban a quienes enjugaban con el pago de las retroactividades las deudas que la inflación les había obligado a contraer. De la proclamada «independencia económica» no subsistía sino el recuerdo de los leoninos contratos petroleros que había gestionado con los monopolios internacionales. Cuarenta y ocho horas bastaron para poner al descubierto la constitutiva debilidad de la obra de diez años. Sólo quedaban unas masas populares resentidas por el fracaso, que se negaban a atribuir al elocuente conductor, y procuraban endosar a la «oligarquía». Y quedaba una «oligarquía» que confiaba en subsistir y en prosperar, gracias a la fortaleza que había logrado al amparo de quien se proclamaba su enemigo. Pero indudablemente la relación entre oligarquía y masas populares quedaba planteada en el país en nuevos términos, porque los sectores obreros urbanos habían crecido considerablemente y habían adquirido no sólo experiencia política, sino también el sentimiento de su fuerza como grupo social.

Las diferencias entre los grupos que habían derribado a Perón se manifestaron de inmediato. Los sectores nacionalistas y católicos, algunos de ellos comprometidos con el régimen peronista durante largo tiempo, inspiraron la política del presidente Lonardi, quien proclamó que no había «ni vencedores ni vencidos». Hubo un intento de acercamiento a los dirigentes sindicales, bien dispuestos a tratar con los vencedores, pero éste no llegó a cuajar: el 13 de noviembre de 1955 los sectores liberales y rígidamente antiperonistas, nucleados en torno del vicepresidente Rojas, separaron a Lonardi y colocaron en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu. Desde entonces, las figuras de tradición liberal —conservadores y radicales, abogados y empresarios— predominaron en la administración y fijaron la posición del gobierno, que fue definida explícitamente como una prolongación de «la línea de Mayo y Caseros». La fórmula significaba un retorno al liberalismo; pero aplicada a la situación del momento expresó la adopción de una actitud conservadora, especialmente en materia económica y social.

En materia económica, el acento fue puesto en la libre empresa, a pesar de que el economista Raúl Prebisch, a quien se le encargó la elaboración de un diagnóstico económico, había recomendado que el Estado conservara «los resortes superiores de la intervención». Esa tendencia repercutió sobre la política laboral, aun cuando el gobierno no acertó a fijar una línea en ese terreno. Los empresarios aprovecharon el debilitamiento de las organizaciones sindicales, que fueron intervenidas y, ante la prescindencia del Estado, procuraron limitar las conquistas que los asalariados habían obtenido en los últimos años. Estallaron entonces huelgas y conflictos gremiales, que fueron severamente reprimidos, y los sectores obreros se agruparon alrededor de la bandera de Perón, produciéndose una exaltación nostálgica de la época en que habían sido protegidos por el Estado.

No faltó el intento revolucionario desencadenado por jefes, oficiales y suboficiales del ejército adictos a Perón. El movimiento estalló en La Plata y el gobierno lo reprimió con desusada energía, no vacilando en aplicar la pena de muerte a los principales comprometidos. La medida causó estupor en muchos sectores y contribuyó a ensanchar el abismo que separaba a los derrotados de los vencedores.

Proscrito el peronismo, el gobierno estimuló la acción de los viejos partidos políticos y constituyó la Junta Consultiva, de la que sólo quedaron excluidos los partidos de extrema izquierda y extrema derecha. En su seno se debatieron ampliamente importantes problemas, advirtiéndose la aparición de contrapuestas corrientes de opinión frente a cada uno de ellos.

El gobierno demostró su decisión de acelerar la normalización institucional del país. Para prepararla, convocó una convención para la reforma de la Constitución, que se reunió en Santa Fe y congregó a representantes de casi todos los partidos, por haberse puesto en práctica el principio de la representación proporcional. El hecho político sobresaliente de ese período fue la división de la Unión Cívica Radical en dos sectores —la UCR Intransigente y la U.C.R de Pueblo— bajo las direcciones de Arturo Frondizi y Ricardo Balbín, respectivamente. La U.C.R.I había comenzado a adoptar una actitud de oposición frente al gobierno, acusándolo de seguir una política antipopular. En las elecciones de convencionales de 1957 los dos sectores del radicalismo demostraron una paridad de fuerzas mientras los votos en blanco, que reunían al electorado peronista, constituían la mayoría. Para forzar al electorado en las futuras elecciones presidenciales, la UCRI decidió retirarse de la Convención. Por esa y otras causas el cuerpo no pudo cumplir su cometido y se limitó a establecer la vigencia de la Constitución de 1853, con el agregado de una declaración que instituyó los derechos sociales, entre ellos el de huelga.

Para las elecciones presidenciales que se avecinaban, el candidato presidencial de la U.C.R.I, Arturo Frondizi, gestionó y obtuvo el apoyo de los votos peronistas, obteniendo la mayoría en las elecciones del 23 de febrero de 1958. Algunos sectores militares miraron con recelo esa reaparición de los vencidos de 1955 y no faltó quien pensara que podía producirse un golpe de estado que impidiera la normalización constitucional, pero el presidente Aramburu se mantuvo firme en su promesa y entregó el poder a su sucesor.

En la etapa electoral, Frondizi había propuesto la integración de un vasto frente, en el que debían reunirse empresarios, obreros, sectores intelectuales, eclesiásticos y hasta militares, para impulsar al país a dar un gran salto en su desarrollo. Insistía en la urgencia de renovar la infraestructura y desarrollar un sector de industrias básicas, único camino para iniciar un crecimiento económico integrado. Aunque su lenguaje moderno y atractivo atrajo a muchos, el frente en definitiva se limitó a un pacto electoral entre Perón, depositario de los votos obreros, y Rogelio Frigerio, asesor de Frondizi y cabeza de un grupo de técnicos que aspiraban a hacer de puente entre los grupos empresarios nacionales y los inversores extranjeros, que por entonces manifestaban decidido interés por instalarse en la Argentina.

De los capitales extranjeros, precisamente, se esperaba el impulso fundamental. La ley de Radicación de Capitales les concedió condiciones harto atractivas, reforzadas por la ley de Promoción Industrial; en materia energética, el propio presidente condujo la negociación, que culminó con una serie de contratos para la exploración y explotación de las reservas petroleras. Paralelamente, el gobierno solucionaba la situación de las empresas eléctricas, adquiriendo el equipo instalado y constituyendo la empresa S.E.G.B.A, con mayoría estatal. En esos años la entrada de capitales extranjeros, especialmente norteamericanos, fue muy importante, desarrollándose rápidamente las industrias básicas, como la petroquímica y la siderúrgica, y también la automotriz.

Los primeros meses de gobierno fueron de acelerada expansión, acentuada por un aumento masivo de salarios que en parte, retribuía el apoyo electoral de los sectores obreros. La inflación que desató obligó pronto a aplicar fórmulas económicas más ortodoxas: al Plan de Estabilización y Desarrollo de diciembre de 1958 siguió, en junio de 1959, la incorporación como ministro de Economía del ingeniero Álvaro Alsogaray, campeón de la política económica ortodoxamente liberal y declarado enemigo del grupo encabezado por Frigerio. Alsogaray aplicó en los dos años siguientes un programa estabilizador ortodoxo: restricción crediticia reducción del déficit fiscal, congelamiento de salarios, fuerte devaluación y supresión de los subsidios que, a través de tipos de cambio preferenciales, recibían muchas empresas nacionales. El costo social de esta política fue muy alto, especialmente por la secuela de cierres y la creciente desocupación. Pasado el peor momento de la crisis, y cuando comenzaba una nueva fase expansiva, Alsogaray fue reemplazado y se retomó, parcialmente, la política originaria.

Las condiciones mismas de la economía hicieron que estas crisis se repitieran periódicamente; en esos años se vieron agravadas por la casi crónica crisis política de un gobierno que, carente de fuerza propia, se vio permanentemente atenazado por el sindicalismo peronista y por los sectores militares. El gobierno cumplió parte de sus compromisos con el sindicalismo peronista: se sancionó la ley de Asociaciones Profesionales, que daba una gran capacidad de maniobra a los dirigentes, y en 1961 se normalizó la C.G.T. A pesar de que el gobierno llegó a contar con un grupo de dirigentes adictos, la oposición sindical fue creciendo en intensidad, sobre todo luego de la aplicación del Plan de Estabilización de 1959. En enero de 1959 fue necesario ocupar militarmente el Frigorífico Nacional, para desalojar a los obreros que resistían la intervención. En mayo, Perón denunció el pacto firmado con Frigerio en vísperas de las elecciones, lo que motivó el alejamiento del asesor presidencial, y desde entonces creció la resistencia sindical, agravada por reiterados actos de sabotaje.

Tampoco eran fáciles las relaciones con las fuerzas armadas, que desconfiaban de la versatilidad del presidente. Ya en 1958 se produjeron los primeros «planteos» (fórmula con la que se empezaron a conocer las perentorias exigencias de las Fuerzas Armadas), que se fueron agravando a medida que el estado deliberativo ganaba las filas militares. Ante cada coyuntura, los distintos jefes expresaban opiniones diferentes y no faltaron, en 1959, episodios en los que grupos antagónicos estuvieron a punto de dirimir sus diferencias a cañonazos en plena ciudad. Frente a las reiteradas presiones, el presidente optó por tratar de salvar su cargo y no vaciló en sacrificar, una y otra vez, a cada uno de sus cuestionados colaboradores civiles o militares. En marzo de 1960 dispuso la aplicación del llamado Plan Conintes, por el que las Fuerzas Armadas asumían la tarea de enfrentar la creciente oposición generada en los sectores obreros.

La política exterior de Frondizi creó un nuevo campo para las fricciones. El lanzamiento del programa de la Alianza para el Progreso por el presidente Kennedy —mirado con desconfianza por buena parte de los sectores tradicionales de ambas Américas— encontró en Frondizi un entusiasta partidario. Simultáneamente se había producido la crisis cubana, y el movimiento revolucionario del Caribe suscitaba en Buenos Aires una amplia ola de simpatía, en virtud de la cual en 1961 fue elegido senador por la Capital el socialista Alfredo L. Palacios. Frondizi se propuso mediar entre Estados Unidos y Cuba, y comenzó a desarrollar, en materia de política exterior, una línea cada vez más independiente. Sus entrevistas con el presidente brasileño Quadros —otro heterodoxo— y luego con el ministro cubano de Industrias, Ernesto Guevara, suscitaron una creciente oposición entre los mandos militares, quienes lo obligaron finalmente a romper relaciones con Cuba, a pesar de que poco tiempo antes Frondizi había declarado enfáticamente que no lo haría.

Sin embargo, el problema más complejo era el electoral, y en él se jugaba su suerte un gobierno cada vez más huérfano de apoyo. A través de los partidos neoperonistas, los vencidos de 1955 se aprestaban a volver a la escena política, y el partido oficial procuró convertirse en la alternativa a lo que muchos juzgaban su inevitable triunfo. El desplazamiento de Alsogaray del ministerio de Economía permitió retomar una política más flexible, en la que abundaron las dádivas de inequívoco sabor preelectoral, al tiempo que se procuraba polarizar en torno de la U.C.R.I a todo el electorado antiperonista. El camino a la elección de marzo de 1962 constituyó una suerte de gigantesco equívoco, pus los peronistas, que dudaban de las ventajas de un triunfo especularon con la posibilidad de ser proscriptos y ofrecieron un elenco de candidatos francamente irritativos, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Alentado por algunos éxitos previos, el gobierno prefirió arriesgarse a vencerlos en las elecciones y fracasó: mientras los radicales del pueblo triunfaban en Córdoba y el partido oficial sólo se anotaba un éxito significativo en la Capital Federal, los partidos peronistas ganaban ocho provincias, entre ellas la de Buenos Aires. Esto selló la suerte del gobierno: anticipándose a lo que juzgaba una segura exigencia militar, el presidente decidió intervenir las provincias en que habían triunfado los peronistas, aunque no logró con ello evitar su deposición, apenas demorada unos días por la visita que por entonces realizaba el príncipe de Edimburgo. El 29 de marzo de 1962 los jefes militares detenían al presidente Frondizi y lo confinaban en la isla Martín García; concluía así, con un rotundo fracaso, el primer intento de encontrar una solución a la crisis política iniciada en 1955.

Mientras los jefes militares deliberaban sobre el rumbo a seguir, José María Guido, presidente provisional del Senado y primero en la línea sucesoria institucional (el vicepresidente electo había renunciado en 1958) se presentaba sorpresivamente ante la Corte Suprema de Justicia y prestaba juramento como presidente. Poco después, los comandantes militares aceptaban esta situación, cuando el flamante mandatario se comprometió a anular las elecciones, intervenir todas las provincias y declarar el Congreso en receso. Se conservaba así un remedo de legalidad, y en ello radicó la fuerza de un presidente permanentemente sometido a las imposiciones de los distintos grupos militares. La crisis política había agravado la crisis económica cíclica, y se decidió aplicar rápida y enérgicamente la conocida fórmula estabilizadora: el ministro Federico Pinedo efectuó una violenta devaluación del peso, que sumió la actividad económica en el marasmo; aunque al cabo de dos semanas fue relevado, su sucesor, el ingeniero Alsogaray, continuó aplicando las mismas fórmulas, aunque con más prudencia.